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La insolvencia societaria

En momento complicados es cuando el mundo económico se plantea situaciones difíciles, que van directamente enlazadas con la problemática que afecta a miles de pequeñas, medianas empresas y autónomos. Repetidamente se olvida que la “incapacidad de pago de las obligaciones societarias” es la base de una insolvencia práctica que, a efectos conceptuales, se producen cuando se intuya que, dentro de los tres meses posteriores, no se podrán cumplir las obligaciones de pago comprometidas; es decir, no se puede atender lo comprometido.

Desde un punto de visto legal, caso que se produzca la insolvencia referida, el deudor tiene la obligación de instar “el concurso” en el plazo de dos meses, desde que conoce la situación de impago, por tanto, el administrador de turno, debe proceder a comparecer ante el Juzgado, si no quiere que se de una responsabilidad vía concurso culpable.

Tanto deudor como acreedores, pueden presentar la solicitud  al respecto, para proceder en su consecuencia, asimismo, los propios socios, también podrían instar la vía la respecto; en cualquier caso, el “no hacer nada” tiene un alto riesgo de derivación de responsabilidad a la vía personal  de los responsables.

Es evidente que acudir a la vía judicial, puede resultar farragoso, y complicado, sin olvidar que, además, todo ello comporte un coste económico, ahora bien, no actuar de manera diligente coloca a todos los responsables en una situación que conlleva el riesgo de su propio patrimonio personal.

La vía concursal, en todas sus variables, especialmente las novedades comprendidas en la normativa vigente desde finales de 2022, supone una salida que no debe descartarse bajo ningún concepto y que tendría que ser fundamental para valorar las alternativas al respecto.

En conclusión, no actuar cuando corresponde, nos lleva a una situación de deterioro absoluto, donde el coste no se limita a la propia actuación societaria, en todas sus variables, sino que se dirige a los dirigentes societarios. Especial relevancia es cuando la situación de insolvencia afecta a la pequeña empresa o a los autónomos, que deben ser consciente de las repercusiones que dicha situación comporta a muy corto plazo.