Los costes judiciales. Las consecuencias de pleitear.

Constituye un tema repetitivo el olvido de los costes que puede comportar el inicio de un trámite judicial, especialmente cuando el resultado del mismo comporta una condena al pago de lo que se denominan “costas procesales”. En este punto, tiene especial trascendencia económica la obligación del pago de los gastos de abogado y procurador, así como intereses, cuando la Sentencia correspondiente condena a una de las partes a asumir dichos costes.

Parece normal que, cuando la asunción de pago de dichos costes, se haga de manera normal y en plazo, el problema se complica cuando no se liquidan dichos honorarios, en tiempo y forma, lo que comporta graves problemas de todo orden.

Si entramos en el fondo de lo que supone las costas y gastos en un procedimiento civil, nos podemos encontrar que nos podemos ver obligados a liquidar los honorarios de la parte que resulte ganadora del procedimiento, las publicaciones que se hayan realizado, los peritos y los derechos arancelarios y las tasas correspondientes. Por tanto, la parte que “gane” el procedimiento, podrá solicitar lo que se conoce como la “práctica de la tasación de costas”.

Con la solicitud de la tasación, una vez aprobada por el Juzgado y comunicado a las partes, se podrá producir una impugnación de las mismas y finalmente, todo ello desembocará en la ejecución a efectos prácticos, si no se liquidan en tiempo y plazo.

En base a todo lo anterior, sería aconsejable que, al iniciar un procedimiento judicial-contencioso, valorásemos los costes totales que el mismo comporta, no solo con respecto a los honorarios de nuestra representación procesal, abogado y procurador, sino también los otros emolumentos a liquidar; asimismo, también deberíamos tener en cuenta lo que comportará si finalmente no se “gana” el pleito y somos condenados al pago de las costas de la otra parte.  

En definitiva, los gastos de un proceso civil, que vienen regulados en el art. 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberían ser base de discusión previa al inicio de acciones judiciales, a todos los efectos.